La ley de Muerte con dignidad permite que los pacientes que tienen una enfermedad terminal en Oregón pongan fin a su vida mediante la autoadministración voluntaria de medicamentos letales recetados por un médico específicamente con ese propósito.
El paciente debe tener 18 años o más, ser residente del estado de Oregón, estar capacitado para tomar y comunicar decisiones relacionadas con su atención médica por sí mismo y tener el diagnóstico de una enfermedad terminal que causará su muerte en los próximos seis (6) meses, según lo hayan determinado dos médicos.
En Salem Health creemos que nuestros hospitales de cuidados agudos no son el lugar apropiado para que los pacientes tomen medicamentos que pondrán fin a su vida. La necesidad de intervención activa por parte del médico de cabecera del paciente y otras dificultades operacionales hacen que el proceso sea inconsecuente con el objetivo de Salem Health, que es brindar cuidados de calidad a las personas que requieren cuidados agudos. Cuando proceda, se harán las derivaciones a otros proveedores comunitarios si así lo solicitan los pacientes cuyas necesidades no se puedan satisfacer en Salem Health.
No, los médicos pueden elegir si desean participar o no. Algunos empleadores pueden prohibir a sus médicos que participen en este proceso. El médico debe ser doctor en medicina (MD) o doctor en medicina osteopática (DO).
El paciente se autoadministra el medicamento recetado, no lo administra el médico. Un médico puede estar presente si así lo desea el paciente.
Sí, el paciente puede revocar una solicitud para participar en cualquier momento y de cualquier forma.
El paciente debe encontrar otro médico (MD o DO) con licencia para ejercer en Oregón, que esté dispuesto a participar.
El paciente puede hacer uso de la ley y encontrarse en cuidados paliativos; sin embargo, la organización que ofrece los cuidados paliativos puede negarse a participar.
Al igual que con cualquier procedimiento médico, las compañías aseguradoras determinarán qué cubre la póliza. No obstante, no se puede utilizar financiamiento federal para los servicios prestados en virtud de la ley de Muerte con dignidad.